El aumento de casos justifica la aprobación urgente de una Ley contra las agresiones

El incremento de la agresiones notificadas por los profesionales sanitarios en 2023 vuelve a dar la razón a SATSE en su demanda de aprobar una Ley estatal que obligue a las administraciones sanitarias a implementar medidas más contundentes y eficaces.

SATSE afirma que los datos del nuevo “Informe de Agresiones a Profesionales del Sistema Nacional de Salud 2023” constatan que el problema de la violencia en el ámbito sanitario sigue en aumento en nuestro país, teniendo en cuenta, además, que no es una radiografía real ni exacta, ya que solo se recogen los casos notificados. 

Según el informe hecho público por el Ministerio de Sanidad, el 30 por ciento del total de casos han tenido como víctima a una enfermera. La tasa de notificaciones de agresiones por 1.000 profesionales de Enfermería fue en 2023 de 24,19, cinco puntos más que el año anterior.  

Más agresiones

En términos generales, el incremento de casos de agresiones registrados ha sido de cuatro puntos, siendo las mujeres las más agredidas (76%), y los insultos y amenazas las agresiones más frecuentes. Respecto a las causas, la atención percibida por el paciente o sus demandas son las más habituales.

SATSE viene trabajando desde hace años en informar, sensibilizar y presionar a las administraciones públicas para acabar con este grave problema, y en 2018 ya trasladó al Gobierno, consejerías de Sanidad y partidos políticos una propuesta de norma estatal con numerosas medidas para prevenir la violencia en el ámbito sanitario y, en el caso de producirse la agresión, ayudar al profesional afectado.

El Sindicato de Enfermería considera que esta norma es muy necesaria e insta a los partidos políticos que tienen representación en la Cámara Baja en la actual legislatura a que la impulsen para conseguir atajar este problema que afecta al conjunto de profesionales que trabajan en el sistema sanitario.

Coordinación e igualdad

El Sindicato de Enfermería reitera la necesidad de dar una respuesta conjunta, regularizada y eficaz por parte de las organizaciones sanitarias para acabar con la violencia en este ámbito.

Consejerías de sanidad y gerencias actúan de manera independiente, descoordinada, y, en muchas ocasiones, insuficiente. 

El objetivo prioritario tiene que ser que cualquier profesional, independientemente del lugar donde ejerza su actividad, tenga a su disposición los mismos recursos, atención y apoyo y eso solo es posible si se aprueba una regulación estatal de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas y también para las empresas sanitarias privadas, apunta. 

Sucesivas encuestas realizadas por SATSE en los últimos años concluyen que ocho de cada diez enfermeras han sufrido alguna agresión, ya sea física (empujones, puñetazos, golpes…) o verbal (amenazas, gritos, insultos…) en el desempeño de su trabajo. Un problema que mantiene una tendencia al alza en los últimos años, como constata el nuevo informe del Ministerio de Sanidad.