Perspectiva
No a la sobreexplotación laboral consentida

Vivimos una crisis de enfermeras sin precedentes y hay que emprender acciones urgentes.
El Ministerio de Sanidad ha publicado el informe “Situación actual y estimación de la necesidad de enfermeras en España, 2024”.
En él ha puesto cifra al déficit de enfermeras que arrastramos desde hace décadas: 100.000 profesionales. Son las compañeras que necesitamos incorporar al Sistema Nacional de Salud (SNS) para adecuarnos a las ratios medias europeas y dejar atrás la sobrecarga laboral.
¿Os suena? Este dato es similar al presentado por SATSE ya en 2018. Una situación que hemos anunciado y denunciado, y cada día es peleada por las delegadas y delegados de SATSE desde las secciones sindicales de cada centro de trabajo. Una situación que se concreta en un deterioro permanente de nuestras condiciones laborales.
¿A quién no se le ha denegado un permiso por necesidades de servicio? Es sólo un ejemplo, y detrás una historia interminable de despropósitos que hacen del ejercicio de nuestra profesión un milagro cotidiano que recae sobre nuestros propios hombros, que repercute en nuestra salud y que cada día nos aleja más y más de una vida laboral plena, la que cualquiera de nosotras querríamos poder disfrutar.
Estudios
El anuncio del Ministerio, a bombo y platillo, de falta de enfermeras, ha sido precedido por otros estudios e informes, como el presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Europea, Health at a Glance 2024, que advierte del déficit de profesionales. Cifras y más cifras que pueden consultarse en Eurostat.
No cabe duda de que vivimos una crisis de falta de enfermeras sin precedentes, lo ha señalado también la OMS, que anuncia la necesidad de emprender acciones urgentes. Y si el presente es así, marcado por gestores que se pelean por la fuerza laboral enfermera, no ya entre diferentes países europeos, sino en nuestra propia casa, entre los distintos servicios de salud, más acuciante será el futuro.
Con esta incontestable realidad, que quienes nos gobiernan parecían no querer ver y sobre todo no admitir, la pregunta es muy clara. ¿Y ahora qué? ¿Qué van a hacer? Nosotros somos tozudos y no vamos a parar. Vamos a seguir reclamando acciones concretas que acaben con esta “sobrexplotación” laboral consentida.
Medidas
Porque hasta ahora quienes nos gobiernan, pese a que forman parte de los partidos que prometieron medidas correctivas tras la pandemia, ante la desoladora situación en la que nos encontramos, no han emprendido ninguna medida para paliar esa falta de enfermeras, ni tampoco marcar directrices ante las heterogéneas y dispares condiciones laborales a las que nos enfrentamos dentro del ámbito público, sin olvidar el privado, a pesar de contar con un organismo común para plantearlas, la Comisión de Recursos Humanos del SNS.
SATSE ha recordado a Sanidad nuestra solución, la Proposición de Ley de ratios enfermeras promovida por SATSE que lleva más de cinco años pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados. Una ley que llega a poner orden y cuyo objetivo es no sólo acabar con este problema, sino mejorar la seguridad asistencial, porque nosotras no dejamos de pensar en nuestros pacientes.
Clasificación justa
No hay duda de que es urgente buscar soluciones y desplegar un plan de acciones, que también ha de pasar por dotar al sistema de un nuevo Estatuto Marco, que propicie un reconocimiento real del trabajo de las enfermeras y posibilite una clasificación profesional justa con el reconocimiento retributivo, el acceso a la jubilación anticipada, y respete el derecho a la conciliación, que no se cumple en nuestro ámbito.
Porque lo que está claro es que la demanda de cuidados no para de crecer, y que estos cuidados son cada día más complejos.
La prolongación de la vida conduce de forma consecuente e irremediable a la cronicidad, pluripatología y a mayores necesidades de cuidados, y esto nos otorga como profesión sanitaria un mayor protagonismo que debemos ejercer.
Así que, no les queda otra al Ministerio de Sanidad y los gobiernos autonómicos: han de mover ficha y actuar.