Autonomías y Parlamentos, en “pie de guerra” en contra del RD de prescripción

Nueve son los gobiernos autonómicos que, por el momento, han anunciado que presentarán, o ya lo han hecho, un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo pidiendo la suspensión del Real Decreto que regula la prescripción enfermera.

Cataluña, Baleares, Aragón, Extremadura, Canarias, Cantabria, Navarra, Asturias y País Vasco son las autonomías que han dado instrucciones a sus respectivos servicios jurídicos para que elaboren el correspondiente recurso.

Todas ellas coinciden en que la norma dificulta la práctica habitual y la coordinación entre profesionales de Medicina y Enfermería, y plantea problemas de seguridad jurídica.

Por su parte,  la Junta de Andalucía, que tiene regulación propia sobre prescripción enfermera, ha demandado al Gobierno que derogue parte del Real Decreto. Esta solicitud es un paso previo al recurso de inconstitucionalidad que emitirá el Ejecutivo regional si no se atienden a sus peticiones en el plazo de un mes.

De manera paralela, se están registrando en numerosos parlamentos autonómicos iniciativas de diferentes partidos políticos en la que instan también al Gobierno central a que suspenda la polémica normativa. Hasta el momento, ya se han debatido y aprobado iniciativas en este sentido en las Cámaras de Extremadura, La Rioja, Murcia, Aragón, Euskadi y Baleares. En próximos días lo harán en Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Asturias.

Las peticiones en los diferentes parlamentos autonómicos coinciden en sus planteamientos con los posicionamientos de los gobiernos regionales que ya han recurrido la norma estatal. Así, insisten en que el Real Decreto, que entró en vigor el pasado 24 de diciembre, supone un grave perjuicio para los profesionales de enfermería y también para la calidad del servicio de atención sanitaria que se presta a usuarios y pacientes.

Por su parte, el PSOE, el PNV y Ciudadanos en el Congreso de los Diputados también han registrado Proposiciones No de Ley en la que piden al Gobierno que derogue el RD y se comprometan a elaborar una nueva norma que cuente con el consenso de los profesionales enfermeros.

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