SATSE Palencia: “Gracias y aplausos sanitarios se convierten en denegación de derechos”

29 julio 2020

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Palencia denuncia que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León deniega la jubilación parcial a un enfermero que trabaja en un colegio, obviando la normativa existente y después de que este profesional haya colaborado trabajando contra la pandemia de Covid-19.

La jubilación parcial es un derecho contemplado en la normativa que posibilita el recambio generacional y contratos más estables para los trabajadores. En el convenio colectivo de personal laboral está recogido como un derecho del trabajador. Pero el enfermero palentino que durante la pandemia tuvo que cambiar su centro y condiciones laborales a fin de colaborar en hacer frente a la situación, ve ahora “premiados” sus esfuerzos con la denegación por la administración de un derecho reconocido en la normativa. La propia Seguridad Social reconoce que cumple los criterios para acogerse a ese derecho.

La Dirección Provincial de Educación de Palencia deniega la solicitud de jubilación parcial del enfermero aduciendo que no es un derecho taxativo ni queda claro que sea obligación de la Administración concederlo, además de argumentar que contratar a otro enfermero relevista para completar la jornada supone un gasto y que la reducción que solicita es superior al 50
%.

Dado que, la reducción que solicita está dentro del porcentaje que indica el convenio, SATSE Palencia denuncia que la intención de la Administración es  forzar al trabajador a solicitar una reducción menor para no tener la obligación de contratar. Esto supondrá un ahorro para la Administración y una sobrecarga laboral para los trabajadores, ya que deberán asumir las mismas tareas y funciones con menos personal.

SATSE critica que cuando las administraciones necesitan a los profesionales, estos responden positivamente trabajando y modificando sus condiciones laborales en aras del bien común y garantizar la asistencia. Sin embargo, la Enfermería no ha avanzado en visibilidad ni reconocimiento. Se siguen denegando derechos adquiridos con argumentos vanos. Hay sentencias firmes que avalan este derecho y sin embargo, se obliga al trabajador a acudir al juzgado dilatando el proceso en el tiempo y ocasionando unos gastos innecesarios.