SATSE demanda una ley específica contra las agresiones a sanitarios

01 julio 2015

La reforma del Código Penal no protege a los profesionales de conductas lesivas y muy habituales, como las injurias, las amenazas o las coacciones, recalca SATSE. El Sindicato de Enfermería tampoco comparte que la modificación normativa no beneficie a los trabajadores laborales.

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El Sindicato de Enfermería, SATSE, considera positiva, pero insuficiente, la medida del Gobierno de reformar el Código Penal para luchar contra las agresiones a profesionales sanitarios, y ha demandado una normativa específica que les proteja de conductas, como las amenazas o las coacciones, que no están tipificadas penalmente.

Tras la entrada en vigor hoy de la reforma del Código Penal por la que se incorpora a los funcionarios sanitarios como sujetos pasivos de delito de atentado, el Sindicato de Enfermería resalta que se ha dado un paso importante en la buena dirección, apuntando que tendrá dos consecuencias muy positivas. Por un lado, al suponer presunción de veracidad a favor del profesional cuando haya discrepancias, se paliarán los miedos de éste a denunciar y ocultar el problema.

Además, al dejar las agresiones de ser consideradas faltas y pasar a ser delitos, se sensibilizará a los usuarios sobre la gravedad de la acción por la consecuencias que implica, propiciando un clima de respeto y confianza absolutamente necesario para el desarrollo de una relación terapéutica eficaz, añade.

No obstante, el Sindicato de Enfermería recalca que esta modificación normativa contempla las agresiones físicas o el oponer resistencia e intimidar de manera grave o violenta, pero no atiende otras conductas, también lesivas y muy habituales en el ámbito  sanitario, como las injurias, las amenazas o las coacciones.

Por ello, la organización sindical entiende necesaria una normativa específica que proteja a los profesionales sanitarios de este tipo de conductas sin que sea necesario acudir al ordenamiento penal o esperar a que se consuma una agresión grave.

En este sentido, aboga por una ley que garantice la adecuada protección y asistencia jurídica de los sanitarios, así como la cobertura de su responsabilidad civil en relación con los hechos que se derivan de su ejercicio profesional, tanto dentro como fuera del centro sanitario. También defiende que se regule la adopción de medidas cautelares o provisionales en el centro sanitario como consecuencia de una conducta de este tipo contra un profesional.

Otra demanda de SATSE, y que ya contempló en sus alegaciones a la reforma del Código Penal, es que se introduzca como sujeto del delito al empleado público. De esta forma, todo aquél que trabaje para la administración, incluido el laboral, y no solo el funcionario o estatutario, estaría protegido ante las agresiones.

Denuncias

En el último informe oficial conocido, y  fruto de un Grupo de trabajo conjunto en el que participó SATSE, se recogían datos sobre el número de denuncias por agresiones realizadas desde 2008 hasta 2012. En el caso de Enfermería, fueron  9.296 los profesionales que habían denunciado en esos años, registrándose una tendencia creciente desde 2008 hasta 2011 y un ligero descenso en 2012. En concreto, en 2012, fueron 1.958 las denuncias de enfermeros.

Según concluye también el informe, sólo se denuncian un 11 por ciento de las agresiones sufridas, por lo que la cifra total de profesionales agredidos realmente en estos años sería cercana a los 82.000, apunta SATSE, quien recuerda que 8 de cada 10 enfermeras han sufrido en algún momento una agresión verbal o física.

El fomento de planes integrales que combatan las agresiones, así como la investigación de sus causas; la elaboración de un mapa de riesgos; la puesta en marcha de un sistema de información, o el desarrollo del Observatorio de Agresiones del Sistema Nacional de Salud, son otras medidas que, a juicio de SATSE, habría que acometer por parte de las distintas administraciones.

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