Prescripción enfermera: Diez años de una lucha que no ha acabado

Hace ahora diez años, el 26 de julio de 2006, se aprobó la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Una norma que no cumplía con las expectativas de los profesionales enfermeros al establecer que sólo los médicos, odontólogos y podólogos podían recetar fármacos sujetos a prescripción médica y que llevó a SATSE a “intensificar” una lucha iniciada años antes en defensa de los intereses del colectivo.

Tres años después, y fruto de la presión de la organización sindical, entre otros, el Congreso de los Diputados aprobó, con la unanimidad de todos los partidos, la Ley 28/2009 que modificaba la Ley del Medicamento, y daba luz verde a la conocida como prescripción enfermera a falta de su desarrollo reglamentario.

Tuvieron que pasar seis años, cerca de un centenar de redactados y numerosas reuniones y contactos con gobiernos y partidos políticos, para que el actual Ejecutivo del PP, aún en funciones, aprobase, en diciembre de 2015, el Real Decreto que regula la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

Una norma que fue modificada unilateralmente por el Ministerio de Sanidad en contra de lo que estaba consensuado con el colectivo enfermero y todos los consejeros de Sanidad. Un acto de cobardía y de falta de palabra motivado por la presión de ciertos sectores de la profesión médica, señalan desde SATSE.

En concreto, la modificación que afecta a los enfermeros de una manera especial es la contemplada en el artículo 3, donde dice que para llevar a cabo funciones relativas a la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica, es necesario que los enfermeros estemos acreditados y, además, que con carácter previo el médico reseñe en la historia clínica el diagnóstico, la prescripción y el protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir en cada caso y para cada paciente.

Una limitación profesional que deja en evidencia la pobre consideración profesional que los enfermeros merecemos a quienes nos gobiernan y el profundo desconocimiento que las máximas autoridades políticas y sanitarias tienen sobre el funcionamiento diario de los hospitales y centros de salud.

A juicio del Sindicato, la entrada en vigor del Real Decreto supone para todos los enfermeros una grave inseguridad jurídica que repercute negativamente en su actual sistema de trabajo. Algo que comparten la mayoría de los gobiernos autonómicos que han pedido su derogación e incluso han recurrido a los tribunales de justicia, como también ha hecho SATSE y el CGE, miembros de la Mesa de la Profesión Enfermera.

A la espera de que haya un nuevo Gobierno al que exigir la modificación del actual Real Decreto, desde la Mesa de la Profesión Enfermera se ha pedido ya que se transponga una directiva de la Unión Europea, que avala el diagnóstico enfermero independiente, y que capacitaría a estos profesionales a poder prescribir medicamentos. En caso de que se haga caso omiso de esta petición, será la profesión enfermera quien lo haga a través de una Iniciativa Legislativa Popular, concluyen desde SATSE.